Nuestro Compañero Ricardo Javier
Álvarez secretario de comunicación de la CTT, fue entrevistado por
el ESPECTADOR.
Agradecemos difundir!!!
Gracias!!!
ACLARACIÓN: El Compañero
Ricardo Javier Álvarez declaró que hay 250.000 trabajadores en
promedio entre el sector publico y privado, donde se estima que los
que cumplen tareas tercerizadas en puestos permanentes en el Estado
son unos 120.000.
Según
el PIT-CNT 250 mil personas trabajan como tercerizados, al menos
120.000, lo hacen en “condiciones lamentables” para el Estado.
Para el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, no pueden ser
más de dos mil.
La
Comisión de Tercerizados del PIT-CNT tiene como prioridad impulsar
un proyecto de ley que proteja a los trabajadores del sector y lograr
avances en la reunión que tendrán con las autoridades de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en torno a que el Estado deje de
utilizar la mano de obra barata que se genera en este tipo de
empresas.
Los
trabajadores, se sienten totalmente desamparados y denuncian que las
violaciones a los derechos laborales e incluso humanos son comunes en
muchos lados.
Los
despidos y la falta de organización sindical en el sector es muy
común y las más de 120.000 familias que están tercerizados y
trabajan para empresas del Estado viven con la angustia de quedarse
sin empleo ante cualquier reclamo.
Según
el PIT-CNT en el sector público hay más de 270.000 personas
presupuestadas, 120.000 tercerizados del estimado total de 250 mil
desempeñando sus tareas en “condiciones lamentables”. Donde el
salario de estos últimos es varias veces inferior a lo que es el que
ocupa o hace esa misma tarea como funcionario del Estado.
A
partir de las condiciones laborales que deben soportar los
trabajadores tercerizados desde la Central Sindical proponen un
Proyecto de Ley sobre las Tercerizaciones en los sectores público
-privado y privado- privado.
En
esta propuesta se define que "las tercerizaciones no sólo en su
acepción formal, es decir la contratación a través de terceros,
sino también consideramos a las mismas como todo contrato que
menoscaba los derechos de los trabajadores, disminuye sus condiciones
laborales, salariales, beneficios y por supuesto reduce de diferentes
maneras su posibilidad de sindicalizarse, todo esto conlleva en sí
mismo el espíritu de las tercerizaciones, el cual no tiene otra
finalidad que beneficiar a un pequeño grupo económico, en desmedro
de la clase trabajadora y el Estado mismo, es su acepción amplia".
Por
lo que "las tercerizaciones representan un abuso y
discriminación, ya que legitima la inferioridad, desigualdad y
precariedad en: lo salarial, beneficios, condiciones de trabajo,
estabilidad y antigüedad", se señala en la propuesta de
proyecto de Ley.
Indica
el documento que "el personal tercerizado en cualquier área
pública o privada, cualquiera sea su naturaleza, deberá percibir
los mismos salarios y beneficios que los funcionarios presupuestados
públicos o de empresa madre privada del lugar donde realice
efectivamente la tarea o preste el servicio.
En
este marco el organismo público o empresa privada deberá mantener
la fuente laboral en caso de cambio de empresa o renuncia de esta,
hasta cumplir con el tiempo estipulado para su ingreso a la misma. Se
deberá reconocer la antigüedad; y en el sector público antes de
transcurrir el tiempo estipulado para su presupuestación, ante
llamados a cubrir vacantes, se tendrá en cuenta estos trabajadores
en primera instancia".
Rompkbzas
intentó conseguir la cifra exacta de los contratos precarizados que
el estado uruguayo mantiene con un grupo importante de sus
ciudadanos.
Enviamos
un mail a la Oficina Nacional del Servicio Civil solicitando la
información. La respuesta fue: “En nombre del Director de la
Oficina Nacional del Servicio Civil, Dr. Alberto Scavarelli,
comunicamos que esta Oficina Nacional, no cuenta con la información
solicitada, referente a la tercerización laboral en el Estado
(empresas o personal tercerizado).“
El
secretario de Comunicación de la Comisión de Trabajo Tercerizado
del Pit-Cnt, Javier Álvarez, dijo a Rompkbzas que el 12 de setiembre
tendrán una instancia con la Oficina de Servicio Civil para tratar
de conseguir los datos que están pidiendo al Estado.
El
director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo a Rompkbzas que
descree de estos números brindados por la Central Sindical, al
tiempo que estimó que en el Estado, los trabajadores tercerizados no
superan "un par de miles".
250
mil o 2 mil, las historias de casos de problemas de vinculación
entre el Estado y sus trabajadores no paran de llegar y de forma
independiente.
Días
atrás Lilián Flores se acercó a la radio para contarnos su
historia. Dijo que ingresó al MSP, el 4 abril de 2008 a través de
un contrato por Comisión de Apoyo, con un salario nominal de seis
mil cuatrocientos ochenta Pesos Uruguayos, de los cuales, se le
pagaba un porcentaje en tickets alimentación, por 30 horas
semanales.
Se
la desvincula en agosto de 2015, en momentos que ganaba un salario
nominal de once mil cuatrocientos pesos uruguayos, con mil
seiscientos pesos en tickets alimentación.
Relató
que hizo múltiples tareas, con horarios extensos, que no figuraban
en el contrato, viajes al exterior sin viáticos, con el pasaporte
sacado por ella misma a su costo y cargo.
Fue
desvinculada sin telegrama colacionado de por medio, y se enteró
porque fue al departamento de Gestión Humana, donde se le hace saber
de su despido.
Sufrió
estrés por acoso laboral, baja remuneración y todo repercutió en
su salud y ánimo, cuando su hijo, sufre un accidente de tránsito
vio muy mellada, su ya magra economía, para hacer frente a todo lo
que un imprevisto de estas características depara.
Lilián
Flores denunció que existe un abismo entre los derechos de los
funcionarios presupuestados y los tercerizados. Mientras los primeros
tienen cubiertas todas sus necesidades, los segundos deben poner de
su bolsillo para poder hacer su trabajo.
Explicó
que como el salario que cobran es tan bajo y el Banco República
ofrece facilidades para acceder a préstamos para funcionarios
públicos, los tercerizados tienden a endeudarse. Contó a Rompkbzas
que tras su cese, está endeudada, viviendo “de prestado” con una
amiga y reclama ser escuchada por el Ministro de Salud Pública.
Horas
más tarde y sin vinculación con Flores, nos llegó un mensaje de
otra persona. Un trabajador tercerizado de UTE.
Entre
las distintas empresas que prestan servicio para UTE están CEI,
Candela, Electro Sistemas y Clauger S.A., según pudo saber
Rompkbzas.
CEI
es la mayor proveedora de UTE y se define como “una empresa que se
dedica a brindar servicios de montaje y mantenimiento de obras
electromecánicas, localización de fallas y mediciones de redes de
distribución y transmisión de energía, obras nuevas de
distribución y transformación, obras de telefonía y
comunicaciones, iluminación, gas, redes de agua, saneamiento, así
como la ejecución de obras civiles y de arquitectura tanto para
clientes públicos como privados.”
Estas
empresas hacen trabajos en todo el país de los cuales dependen de
las oficinas comerciales como cortes, conexiones, servicios nuevos y
cambios de potencia.
En
los casos en donde se ha desatado conflicto, este ocurre luego de
sindicalizarse y comunicarlo. En Clauger, por ejemplo, se despidieron
a 6 trabajadores en lo que consideran una “clara represión
sindical”. Se le reclama a la empresa que pague por jornaleros como
lo dice el grupo “9-01” que negocia los acuerdos salariales de la
construcción, cuando la empresa les pagaba por destajo y
obligándolos a tener empresas unipersonales para pagarles.
Además,
como todos los tercerizados tenían que hacerse cargo de los costos
de BPS, vehículos, herramientas, uniformes, capacitación y
materiales para poder trabajar. Todo esto es tenido en cuenta en el
momento de poner el precio de la licitación. En una palabra es el
negocio perfecto, la empresa se lleva todo y el obrero carga con todo
los gastos, denuncian los implicados.
Pero
el tema no termina allí, hay empresas tercerizadas que a su vez
tercerizan su trabajo, sería una suerte de “Cuarterización”,
donde un tercero hace finalmente el trabajo que la carta orgánica
encomienda a la UTE a realizar.
Según
se denunció a Rompkbzas todo comenzó cuando Alberto Volonté era
Presidente de la Empresa durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
En
ese momento se empezó a nombrar en diferentes gerencias y jefaturas
de área a personas proclives a la contratación de empresas
tercerizadas. Se contrata una camioneta, que a su vez contrata
funcionarios en régimen de unipersonal.
Nuestros
informantes dijeron que las empresas funcionan como un conglomerado y
tienen un sistema para ganar las licitaciones que es rotativo y evita
la competencia de precios.
También
denunciaron que una importante rentadora de vehículos sin chofer
carga a UTE mil quinientos dólares por mes por camioneta pintadas de
naranja y con matrícula de Soriano y Río Negro que permanecen sin
uso en galpones y tras tres años, y amortizado su costo, son
revendidas en el mercado con doble ganancia para el empresario.
Esta
situación de empresas tercerizadas se repite en OSE y ANTEL. Las
conexiones, desconexiones y obras en la calle, no las hace
directamente ninguna de las empresas del Estado. Basta pasar por
cualquier zanja abierta en la vereda y ver la cinta amarilla de
precaución en la que suele decir “Empresa ‘Tal’ trabajando
para: UTE, OSE, Antel, etc.”
También
lo hacen las intendencias y el Ministerio de Transporte cuyos mayores
contratistas son Teyma- Abengoa –que según fuentes de Rompkbzas
resisten a la quiebra de su casa matriz con los negocios con el
Estado Uruguayo. También le prestan servicios al MTOP empresas como
Caseem o Ciemsa.
Las
ambulancias de ASSE son tercerizadas y nos enteramos en estos días
que el Hospital de Las Piedras gastó 2.354.770 dólares en 2015 en
el contrato de ambulancias. Una situación similar vive el Hospital
de Bella Unión, que desde 2013 multiplicó por 20 el gasto en
ambulancias tercerizadas. Esta institución también está en la mira
porque la firma que le vende el servicio, la empresa Siemm, es
propiedad de dos directores del Pereira Rossell y del titular del
Hospital de Salto.
También
los ministerios tienen personal tercerizado en modalidad de pasantía.
Según dijo a Rompkbzas Ariel Ferrari, representante de los
trabajadores en el BPS, solo allí hay 400 pero con su actividad bien
remunerada.
El
Doctor Eduardo Yanicelli, médico psiquiatra del Portal Amarillo que
depende de ASSE denuncia a las autoridades del INISA, al director
nacional de Salud, por omisión de asistencia, por acoso laboral,
amenazas implícitas y abuso de poder.
Yanicelli
dijo que hay unas 300 personas con temor a ser despedidas. El Médico
psiquiatra contó a Rompkbzas que ya inició acciones legales,
laborales, penales y tres denuncias en la Institución Nacional de
Derechos Humanos, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.
Dijo
que cuestiona la gestión de INISA/SIRPA por ser testigos de omisión
de atención médica psiquiátrica. Indicó que durante los últimos
dos meses de 2015 fue el único psiquiatra disponible para la
atención e informes legales de 300 menores.
La
falta de personal, dijo, lleva a que se abuse de los psicofármacos
para tener a raya a los menores reclusos. Manifestó que este abuso
provoca morbilidad y secuelas en más del 50% de los muchachos.
Yanicelli
reclama una auditoría médica de los jóvenes reclusos y de los
profesionales que aseguran que los jóvenes no son recuperables.
La
falta de profesionales y medicamentos ponen al sistema de reclusión
de adolescentes en conflicto con la ley “al borde de la omisión”,
según dijo en el Senado la exdirectora del Área de Salud del Inisa,
Eva Migues. Esto se da en el marco de permanentes intentos de
suicidio por parte de los internados, según publica el Portal 180.
Migues,
cesada por la actual dirección del Inisa de su cargo como directora
del Área de Salud, actualmente trabaja en el área de
Certificaciones Médicas. Afirmó que los profesionales están “al
borde de la omisión de asistencia”. Contó que antes había seis
psiquiatras y ahora quedan “solo dos”. “Esta situación hace
imposible atender a la población”, señaló según la versión
taquigráfica de esa sesión de la Comisión de Presupuesto del
Senado.
En
Montevideo, dijo, la psiquiatra que trabaja está en un centro de
ingreso y no en los hogares. La semana anterior a esta comparecencia
hubo cuatro intentos de autoeliminación de jóvenes internados, uno
de ellos reincidente antes de que se lo trasladara al Hospital
Vilardebó.
“Es
imposible que la única psiquiatra que tenemos en Montevideo pueda
atender todos los casos, salvo que se clone, y mucho menos que pueda
ver a alguien si no sabe que tiene que hacerlo”, afirmó Migues
yendo en la misma línea que denuncia Yanicelli en Rompkbzas. Dijo
que la situación no da para más.
Existen
otros casos, en los que finalmente el funcionario entra “efectivo”
al Estado.
Es
el caso de una funcionaria que pidió no ser identificada que logró
ser formalizada por la Administración Pública. Ella está ahora
presupuestada, pero estuvo ocho años como contrato precario. En ese
período se presupuestaron 190 personas de Comisión de Apoyo.
Hay,
en esa área de la salud, hay uno 250 contratos complemento se le
denomina y cobran salario en la calle Magallanes, donde está ubicada
las oficinas de Comisión de Apoyo, edificio de la Comisión Anti
Tuberculosa.
La
funcionaria pública dijo que la precariedad de los contratos permite
que se den otras situaciones injustas en la que funcionarios o
jerarcas presupuestados, abusan de su posición con aquellos que no
tienen asegurado el empleo.
En
diálogo con Rompkbzas dijo que el cambio más importante de pasar de
la precariedad a la permanencia es justamente la seguridad de saber
que se tienen un empleo hasta el día mismo de la jubilación.